MEDINA SIDONIA. LA CÁRCEL VIEJA Y EL CUARTEL DE LA CÁRCEL

 

Nos sirve esta impresionante fotografía de finales de los años 50 del pasado siglo, tomada desde el vano del lado oeste del campanario de Santa María, para reconstruir una parte del pasado de la ciudad de Medina Sidonia para casi todos olvidada. Más allá del primer plano de la imagen, con las bóvedas de la iglesia, sus cresterías y arbotantes, vemos abajo, a la derecha, un enorme solar de alta tapia que se abre a la plaza (o mejor se cierra pues está tapiada su puerta), tiene fachada a la calle Vicario Martínez y a la calle Tintoreros, y que contiene diversas estancias. Estos terrenos albergaron un cuartel propiedad del Duque de Medina Sidonia y la cárcel vieja.

Calle de la Cárcel se llamaba de hecho a la actual calle Vicario Martínez. Salvador Montañés (MONTAÑÉS, p. 47) ya lee documentos de 1747 en que se le da este nombre y sitúan la prisión en el antiguo número 98, “cerca de la esquina que desemboca en la Plaza de la Iglesia Mayor”, nos dice. En el padrón de 1810, realizado bajo la ocupación francesa, se dice también que es el número 98 (ROMERO, p. 323 n. 176), aunque en los padrones de 1844 se habla de los números 100 y 101 (ROMERO, p. 38 n. 189). Enseguida damos explicación al hecho.

En un principio el recinto ocupado por los presos no constaba más que de dos pequeñísimos calabozos. En 1800 cárcel y callejones aledaños en la calle de los Tintoreros sirvieron de lugar de aislamiento a los afectados por la fiebre amarilla que habían venido contagiados desde Cádiz, 40 personas de las que murió la mayor parte (ROMERO, p. 22). En 1808 ocupaba en el Ayuntamiento el cargo de diputado de cárcel (especie de concejal) Juan de Pareja y Morón; y era su alcaide el teniente alguacil mayor de justicia Francisco Herrera, a quien se pagaron de las cuentas de propios 1 100 reales por su tarea (ROMERO, p. 55). Como recientemente se había acordado atender solo al mantenimiento de los presos pobres y del carcelero (en este caso carcelera), “siguiendo la vieja costumbre”, el alcaide debía dar razón de los gastos al diputado, quien se quejaba ante el cabildo el 7 de mayo de cierta incompetencia del alguacil mayor en el control de las raciones. Ese mismo día solicitaba el arreglo del recinto y llamaba la atención por los escándalos que se habían producido “en las personas a quien el alcaide tiene encomendada su custodia”. Aquel año los gastos por el mantenimiento de la cárcel ascendieron a 10 447 reales y 9 maravedíes: 5 278 rs y 20 mrs por la manutención de presos pobres, 3 933 rs y 8 mrs por la curación de presos enfermos y 1 235 rs y 15 mrs por gastos de aceite y agua (ROMERO, pp. 77-78). En 1809 fue nombrado diputado de cárcel el procurador mayor Ramón Ibarra (ROMERO, p. 151), luego ocuparía el cargo, interinamente, Pedro de los Hoyos, a quien sustituiría Pedro Galán Saavedra (ROMERO, pp. 153-154). Este último hubo de atender a una protesta de los presos por falta de limpieza en el lugar, lo que achacaban a la falta de un “sotalcaide”. Pedro de los Hoyos, de nuevo diputado, dio cuenta del arreglo y de la colocación de un guardia para la custodia de los reos en cabildo de 4 de diciembre (ROMERO, pp. 174-175). Ese año se dio otro hecho interesante. Al Ayuntamiento de Medina Sidonia había tocado la custodia de casi 300 soldados franceses de los que habían sido hecho prisioneros en la batalla de Bailén, y había sido descubierto un plan de fuga encabezado por dos sargentos. El corregidor, Manuel de Rada, los encerró en la cárcel después de tomarles declaración y, probada su culpabilidad, pidió a las autoridades superiores que fuesen conducidos a los pontones de Cádiz para evitar conmociones en el pueblo, como se hizo (ROMERO, p. 179). Fueron encerrados también en la cárcel pública algunos jóvenes que intentaron evitar los sorteos para ingresar en el ejército. A comienzos de 1810 el cargo de diputado de cárcel recayó en Luis Rubio (ROMERO, p. 258).

Por otro lado, en documentos relativos al abastecimiento de las tropas francesas en 1810 se habla de los realizados a las establecidas en el “Cuartel de la Cárcel” (ROMERO, p. 277), lo que nos hace pensar en un espacio colateral a la misma más amplio y saneado. Efectivamente, en las cuentas del administrador de Bienes Nacionales durante la ocupación, don Francisco de Paula de la Serna, correspondientes a 1811 se habla de este cuartel como terreno incautado antes perteneciente al no reconocido Duque de Medina Sidonia (ROMERO, p. 565).

La cárcel siguió funcionando entre 1810 y 1812. En las cuentas de propios de 1810, firmadas en 1815 (ROMERO, p. 583) se anotan pagos al alcaide Francisco Herrera (1 100 rs) y al diputado Luis Rubio para atender al suministro y curativa de los presos (4 000 rs). En ella se encerró, por ejemplo, al escribano Carlos Manin porque los franceses sospechaban que era informante de los ejércitos españoles (ROMERO, p. 746); también a algunos de los cabecillas locales que favorecieron la entrada de las tropas españolas en el asalto, al cabo inútil, del 29 de enero de 1811, como Antonio Pérez Olmedo, cabo del Resguardo de Rentas, que había facilitado armas a varios vecinos (ROMERO, p. 389). Juan Rafael de Pina, habitual suministrador de leña y aceite a las tropas francesas, cuando fue acusado de colaboracionista a la salida de éstas, se defendía diciendo que en más de una ocasión lo habían puesto en la cárcel por no haber querido hacer el trabajo (ROMERO, p. 711). Y cuando, tras la masiva emigración de población que se produjo a raíz de la nueva toma de la ciudad en los primeros días de marzo de 1811 en coincidencia con la Batalla de Chiclana, se acordó suspender el sueldo de gran parte de los empleados del Ayuntamiento, quedó entre los exentos el alcaide de la cárcel, a quien se pagarían 1 100 reales. En las cuentas de propios de 1811 también se consignan 189 reales de gasto en la cárcel entregados por obras y limpieza a Manuel Lunar y a Juan Rodríguez (ROMERO, p. 587). Las cuentas de 1812 cifran en 672 rs y 31 mrs los gastos de cárcel. Por lo detallado de la cuenta y el interés indudable para entender la cotidianidad del pueblo reproducimos la factura que presentó el maestro de albañilería Andrés Vázquez al Ayuntamiento el 11 de enero de 1812 por el arreglo hecho en la cárcel pública (ROMERO, p. 591):

 Certifico yo Andrés Vázquez, como maestro de albañilería que soy en esta ciudad, haber gobernado  y encalado la cárcel de dicha ciudad, y se ha gastado lo siguiente:

Día 10 de enero                                                  rs.    mrs.

De jornales                                                          29

De cal blanca                                                      10     20

De cal prieta, 3 fanegas                                      9

De arena, una carga                                            2

De yeso. Tres cuartillas                                       5       8

Día 11

De jornales                                                             17

Un medio de cal para encalar                               1       8

Carpintería, un pedazo de tabla ente-

riza                                                                           8

Medio ciento de clavos de entablar                     7

Diez machos de alcayatas                                    6

Dos nudos de goznes                                            3

Cuatro clavos grandes                                          2

Un día de trabajo                                                12

Maestro de herrero para componer

tres cerraduras y una llave nueva                     30

                                               SUMAN              142     36

 

 La felicidad de los días de la promulgación de la Constitución de Cádiz en septiembre de 1812 también alcanzaría a los presos pobres de la cárcel publica para quienes se dispondría “alguna limosna de pan cocido y comida” (ROMERO, p.642). Se nombraron entonces nuevo diputado, Antonio Mateos de la Sida, y nuevo alcaide, Pedro María Cabello, sustituido por José Girel en 1813. En 1814 fue diputado de cárcel Antonio Abad Chaves, permaneciendo en su cargo Girel. Siguieron los problemas de encarcelamiento de mozos que intentaban escapar a los alistamientos.

En el cabildo de 23 de marzo de 1813 se decidió que los hortelanos y vecinos del barrio de Santa Catalina que no habían participado en la demolición del fuerte francés del castillo costearan la limpieza del cuartel de la cárcel y las calles inmediatas a él por estar “demasiadamente sucias, llenas de estiércol y casi intransitables” y encontrarse cercanas a la Iglesia Mayor, adonde se dirigían muchas personas en aquellos días.

El problema sanitario en la cárcel no se resolvía. Los presos vivían hacinados y en cualquier momento un mal contagio podía devenir en desgracia para la ciudad. En 1815 el Ayuntamiento consideró que la situación era insostenible (IGLESIAS, pp. 24, 34):

        Una sola ojeada sobre este establecimiento ha penetrado al Ayuntamiento de horror y compasión,  pues al mismo tiempo que ha conmovido extraordinariamente por la miserable situación de los infelices que gimen en ella, reflexionando igualmente sobre las terribles consecuencias que para la salud pública pueden originarse, se ha horrorizado hasta el extremo (…) Quince o veinte hombres encerrados continuamente en una lóbrega prisión, mal alimentados, peor vestidos, sin ventilación alguna, sin ningún aseo ni limpieza, forman un germen de corrupción capaz de extenderse por toda una provincia.

     La cárcel era “una horrorosa mazmorra adonde resuenan día y noche blasfemias e imprecaciones de los infelices que desean la muerte por alivio de sus males”. Así que se decidió remozar y ampliar el edificio para hacerlo más salubre. Y para contar con el dinero que se precisaba para la obra, unos 200 000 reales, se elevó una petición al Rey solicitando que se aprobaran arbitrios extraordinarios. Se propuso celebrar 30 corridas de toros, “lidiándose en cada una de ellas el número de reses que pudiera consumir el vecindario y la gente que fuera a verlas desde los pueblos comarcanos”. Esto podría aportar unos 60 000 reales “atendida la afición de estos naturales a esta diversión nacional”. Y se acotarían para pasto y labor 6 241 fanegas de tierra baldía cuyos productos anuales ascenderían a 35 130 reales y, al cabo de cuatro, los otros 140 000 reales que hacían falta (IGLESIAS, pp. 45-46). El Consejo de Castilla aprobó los acotamientos pero no los festejos taurinos. Con todo, la cárcel pudo ser reedificada y las condiciones de los presos mejoraron sensiblemente.

Tras las desamortizaciones de los bienes conventuales y la exclaustración de los frailes, la cárcel de Medina Sidonia pasó a dependencias del antiguo Convento de San Francisco el 1848, teniendo su entrada por la calle San Isidro. Las celdas de los monjes pasaron a ser celdas de presos. Como cabeza de partido judicial que pasó a ser Medina, el recinto acogió también a reclusos de Alcalá de los Gazules y de Paterna de Ribera. Pero esta es… otra historia.

Bibliografía

-Iglesias Rodríguez, Juan José, “Cárceles gaditanas del Antiguo Régimen: El Puerto de Santa María y su entorno provincial”, Revista de Historia de El Puerto, nº 64, 2020 (1er semestre), pp. 9-53.

-Montañés Caballero, Salvador, El callejero de Medina Sidonia. Aproximación al origen y formación de su nomenclatura, Medina Sidonia, Excmo. Ayuntamiento, 1992.

-Romero Valiente, Jesús, Medina Sidonia durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), Chiclana de la Frontera, Asociación Cultural “Puerta del Sol”, 2011, 2 t.